Piden ocho años para un diácono que estafó a presos prometiéndoles indultos

Un preso le entregó 25.000 euros para que le pusiera en la lista de confidentes. Otro le entregó 30.000 euros a través de sus familiares para obtener el indulto. La Fiscalía le acusa de delitos de estafa y pide que devuelva el dinero.

EL MUNDO (EUROPA PRESS).- La Fiscalía pide ocho años de cárcel para el diácono Jaime Benjamín G.N. por estafar a presos a los que visitaba pidiéndoles dinero para mediar en su indulto y en beneficios penitenciarios.

El acusado, subdelegado de la delegación diocesana de la pastoral penitenciaria del Obispado de Vic, acudía a las cárceles catalanes acompañado de un cura para visitar a los internos y prestarles asistencia espiritual y ayudarles a la tramitación de permisos, ayudas y recursos.

Aprovechándose de la confianza que le tenían los presos, ofrecía a los que consideraba que tenían cierto potencial económico la posibilidad de mediar en la obtención de indultos y beneficios penitenciarios a cambio de la entrega de una gran cantidad de dinero.

A principios de 2004 se puso en contacto con un interno que cumplía una larga pena en La Modelo, que le entregó 25.000 euros para que le pusiera en la lista de confidentes de la policía y así obtener el indulto, gracias a los sus contactos con la administración de Justicia.

En junio de 2007, el acusado contactó con otro preso en Brians, que le entregó 30.000 euros a través de sus familiares para obtener el indulto.

Pasados los meses, cuando la familia de este preso observó que no se producían cambios, reclamó al acusado la devolución del dinero, a lo que éste se negó, amenazándoles con influir de forma perjudicial en la situación penitenciaria del interno.

Además, en marzo de 2008, el diácono realizó proposiciones parecidas a dos internos de Brians, pidiéndoles esta vez 140.000 euros.

Fue uno de estos internos quien finalmente decidió denunciar los hechos ante el subdirector del centro penitenciario.

La Fiscalía le acusa de delitos de estafa y, además de la pena de prisión pide que pague una multa de 9.720 euros y que devuelva el dinero que le entregaron las víctimas.