Las cámaras de videovigilancia toman el espacio público: El metro de Madrid aumenta el videocontrol

Los sistemas de videovigilancia están ya presentes en transportes públicos, centros educativos, cajeros automáticos, parques, calles, carreteras... Sin embargo, con el desarrollo de las tecnologías los sistemas de videovigilancia ahora tan omnipresentes se están convirtiendo en una formidable herramienta de control social

Eva Máñez
El metro de Madrid aumenta el videocontrol
A finales de los años ‘80, Metro de Madrid, en una gran reestructuración, redujo en más de un tercio los puestos de atención directa en las estaciones. Esa brutal reducción precisaba de un cambio tecnológico profundo en la atención: al menos en 55 vestíbulos sólo habría máquinas y en casi todas las estaciones únicamente habría un trabajador de Metro en una cabina. Esto modificó la concepción de la atención a los viajeros, pues se incrementó la mecanización y el autoservicio en la adquisición del billete.
El objetivo era centralizar el mando de las instalaciones en una cabina ubicada en un vestíbulo: escaleras mecánicas, megafonía, ventilación, etc. Y, por supuesto, las cámaras de circuito cerrado, para ver, sin grabar, el estado de las escaleras mecánicas y algunas zonas de las estaciones. En las estaciones se colocaron tantas cámaras como escaleras, vestíbulos y andenes hubiera.
Este sistema de videovigilancia fue presentado como un elemento de seguridad para los viajeros en las estaciones, ahora convertidos en espacios más solitarios. A la par que se hacía desaparecer a los trabajadores, las estaciones comenzaron a llenarse de vigilantes de seguridad privada (más de 1.100 hoy).
A finales de los ‘90 la empresa dio otro paso: la grabación limitada de imágenes mediante equipos colocados en las estaciones. Después se pasó a la grabación a distancia y en formato digital. Las cámaras de las estaciones, que se han incrementado en más de un 30% en cada estación, cubriendo otros espacios (vagones, accesos, etc.) transmiten las imágenes al Puesto Central en la estación de Alto del Arenal (línea 1).
Según reconoce la empresa, actualmente se graban las imágenes de la mayoría de las cámaras de las estaciones y a finales de 2006, se grabarán todas. Pero, ¿se archivan esas imágenes? En junio, la empresa aseguró a Solidaridad Obrera que no tenía previsto, (pese a lo publicado en diferentes medios), instalar un sistema de reconocimiento facial ni de guardar las imágenes más de 72 horas.
Numerosos institutos recurren a sistemas de videovigilancia
Vigilar que no entren ladrones, prevenir el vandalismo, atajar la violencia escolar o acabar con los graffitis son algunas de las razones que esgrimen los centros.
En ocasiones las cámaras de videovigilancia están enfocadas hacia fuera, otras se encuentran en los patios y pasillos. Numerosos institutos de Secundaria poseen sistemas de videovigilancia y/o guardias de seguridad sin que exista ningún tipo de control sobre ellos y sin que ni siquiera haya datos sobre cuántos institutos tienen estos sistemas de vigilancia en cada Comunidad Autónoma.
El debate sobre la regulación del uso de cámaras de videocontrol en los institutos se ha abierto en Andalucía. Allí todos los centros TIC (Tecnología de la Información y la Comunicación), es decir los institutos de Secundaria dotados con ordenadores para los alumnos y sistemas informáticos para la educación tienen sistemas de control por videovigilancia y un total de 250 guardas de seguridad privada. Además de estos 150 institutos, muchos otros, en esta comunidad autónoma, poseen cámaras que controlan pasillos, patios e incluso aulas.
Las competencias para la instalación de cámaras dependen únicamente de los consejos escolares de los centros, que utilizan sus partidas de libre disposición para pagar instalaciones de entre 1.800 y 3.000 euros con de cinco a nueve cámaras (los hay que cuentan con 16). El Defensor del Menor andaluz, José Chamizo, cree que estos sistemas de videocontrol violan la intimidad del menor. Chamizo declaró a la prensa local que había recomendado su instalación en el exterior “siempre que esté justificado, para controlar el vandalismo. Pero muy distinto es que estén dentro. Dudo de su legalidad y creo que debería pronunciarse la Comisión de Videovigilancia de Andalucía”. A pesar de estas declaraciones y de otras similares realizadas por parte de UGT y de la Confederación Andaluza de Padres de Alumnos (CODAPA), el fiscal jefe del Tribunal de Justicia de Andalucía y miembro de la citada comisión afirmaba que no ha recibido ninguna notificación para discutir el particular.
Pero no sólo en Andalucía se vigila con cámaras a los estudiantes. Todos los institutos de Torrevieja, Alacant, poseen cámaras exteriores; pero en el próximo curso podrían comenzar a colocarlas en el interior de los centros. En esta población la decisión fue respaldada, a raíz de algunos casos de violencia escolar, por la inspección educativa a pesar de que algunos profesores defendían que ésa no es manera de atajar los problemas de violencia en las aulas. La instalación de estos sistemas de videovigilancia en la comarca de la Vega Baja y otras zonas de Alacant motivó que la Junta docente provincial que representa a todo el profesorado de Alicante haya acordado a instancias de STEPV, el sindicato mayoritario, reclamar a la Conselleria de Educación que redacte una normativa específica al respecto.
En Bilbao, el colegio Miribilla ha instado videovigilancia a raíz de la agresión de una madre a la directora del centro. En Asturias al menos 14 centros cuentan con sistemas de videocontrol, la mayoría exteriores pero algunos con la clara finalidad de controlar que los adolescentes no salgan a la calle en el recreo. Ésta es una situación que se repite en la mayoría de institutos de Secundaria de todas las Comunidades Autónomas.
Más de mil nuevas cámaras controlarán las calles valencianas
La Universidad Politécnica de Valencia junto con el Ayuntamiento, además de otros organismos como la Agencia Espacial Europea, han puesto en marcha el Plan Dyvine que convertirá a esta ciudad en la primera localidad europea en donde se implementará un plan de redes visuales dinámicas. El plan, que cuesta un millón y medio de euros, estará en marcha para la fase final de la Copa América. El Ayuntamiento invertirá 50. 000 euros y el resto será una subvención europea.
A las 565 cámaras ya instaladas que controlan el tráfico, las de los bancos y cajeros automáticos, organismos oficiales, edificios públicos y empresas privadas, habrá que sumar mil nuevas ‘cámaras inteligentes ’ que vigilaran las calles de la ciudad.
El proyecto ha sido impulsado desde la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de la Telecomunicación, en el nuevo estilo de I +D de las universidades en colaboración con la industria armamentística y ahora también de control ciudadano. Durante los dieciocho próximos meses los técnicos de la Universidad Politécnica y de la Policía Local tendrán que ponerse de acuerdo sobre dónde y cómo colocar las más de mil cámaras.
El responsable de Seguridad Ciudadana del Consistorio valenciano se apresuró a aclarar, en la rueda de prensa de presentación del proyecto, que las cámaras “son sólo para evitar catástrofes, como por ejemplo seísmos, riadas y accidentes industriales;y para controlar la celebración de grandes eventos ”.
Pero no sólo Valencia instalará cámaras. Otras ciudades se han sumado a la moda de la videovigilancia como supuesta forma de prevención de la delincuencia. Moda que, por cierto, da suculentos beneficios a las empresas de seguridad privada y telecomunicaciones, que son quienes las comercializan.
Alicante ha licitado un concurso por importe de 343.650 euros por dos años para adjudicar la instalación de cámaras y contratar guardias de seguridad. Esta ciudad ya cuenta con 33 cámaras en parques públicos. En el municipio de Crevillent, el Consistorio del PP ha solicitado instalar cámaras en las calles donde se congregan los inmigrantes magrebíes. Esta población vive continuas tensiones debido al carácter xenófobo de su alcalde y policía, en una de las poblaciones con mayor porcentaje de inmigrantes magrebíes del País Valencià.
El proyecto de Crevillent ha sido finalmente rechazado por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. Las otras dos propuestas, las de Valencia y Alicante, ya han pasado por la comisión autonómica que les tiene que dar luz verde. En Valencia, en breve, más de mil ojos nos vigilarán.
S. Sindical Solidaridad Obrera/Diagonal

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